FORO ESTRATEGIA BANORTE 2018
Banorte, Aliado del Futuro de México
Ciudad de México, 22 de agosto
Estado de Derecho
MODERADOR: Para presentar a nuestra siguiente invitada, demos la bienvenida a este escenario al licenciado Héctor Ávila Flores, Director General Jurídico de Grupo Financiero Banorte.
– HÉCTOR ÁVILA FLORES: Buenas tardes.
Para lograr el país que queremos, necesitamos paz en las calles. El primer paso no puede ser otro que lograr un completo Estado de Derecho, fortalecer la protección de nuestros derechos fundamentales en la vida cotidiana, la propiedad, la libertad, la educación, la justicia, la equidad de género, la seguridad, la protección a la vida, combatir la impunidad, robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema de Justicia Penal, son algunos de los principales retos que enfrentamos como nación.
Para hablarnos de estos relevantes temas contamos con la distinguida participación de la doctora Olga Sánchez Cordero, cuya semblanza mencionaré más adelante.
Su ponencia se titula “Estado de Derecho”, pues sobre ese tema se basa la pacificación del país y el combate a la corrupción.
Es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de postgrado en política social y administración en el University College of Swansea de Gran Bretaña; se desempeñó como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de 1993 a 1995.
Ocupó el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de febrero de 1995 a noviembre de 2015. Es titular de la Notaria Pública 182, siendo la primera mujer notaria en la historia de la Ciudad de México.
Es doctora Honoris Causa por cinco universidades del país y por la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura.
Primera mujer en presidir la medalla al mérito cívico Eduardo Nery y Legisladores de 1913 que otorga la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; fungió como diputada constituyente de la Ciudad de México en 2016, es consejera técnica de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, consejera de Fundación UNAM y consejera del Instituto Nacional de Geriatría.
Tuvimos el privilegio de tenerla como consejera independiente de Grupo Financiero Banorte de abril de 2016 a julio del presente año.
Ha sido designada como la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Gobernación a partir del próximo 1º de diciembre con el Presidente Electo de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Recibimos con orgullo y le damos la más cordial bienvenida a su casa a la doctora Olga Sánchez Cordero, quien nos compartirá su visión y perspectiva.
Muchas gracias.
– OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes.
Muchas gracias al Presidente de Grupo Banorte; al Director General, a todos ustedes por su presencia y por la invitación que me han hecho esta tarde, para compartir con ustedes uno de los grandes temas y de los grandes retos que tendrá este Gobierno entrante, que tomará posesión el 1 de diciembre de este año.
Sin duda alguna, todos, todas conocemos cuáles son los graves problemas que aquejan a nuestro país en el tema de hoy, que comparto con ustedes que es el Estado de Derecho.
Todos sabemos que de los principales problemas que tenemos que enfrentar, sin duda alguna, está el tema de la corrupción.
Nuestro país, precisamente a raíz de este tema tan grave, tan delicado, pero que además desde las entrañas mismas de las instituciones se van corrompiendo y hay una gran impunidad para la sanción de esta corrupción, se ha dado todo un Sistema Nacional Anticorrupción.
Se han creado tribunales anticorrupción; se han creado reformas constitucionales que garanticen que podamos tener fiscalías autónomas e independientes.
Que podamos tener fiscalías anticorrupción, fiscalías de delitos electorales y una serie de andamiaje jurídico y de normatividad, prácticamente diría yo, o verdaderamente no solamente de avanzada, sino reconocida a nivel internacional.
Sin embargo, todas estas modificaciones legales, todas estas leyes novedosas y reforma constitucionales y legales, hoy en día todavía no se han implementado.
Ni siquiera se ha nombrado un fiscal general, no hay tampoco los nombramientos de los magistrados anticorrupción, ahí está la normativa esperando la implementación.
¿Es una normativa de avanzada? Sí, pero a la vez es una normativa o es un marco normativo difícil, muy difícil de echar a andar.
Primero, todos hemos pensado que un fiscal independiente podría resolvernos el tema de la impunidad en materia de la violencia, de los delitos que en este momento nos asechan gravemente, y, desde luego, el tema de la corrupción.
Pero puedo asegurarles que no obstante que este fiscal se ha nombrado y sea una persona íntegra con todas las credenciales, que no tenga absolutamente una mancha en toda su carrera profesional, que sea una persona altamente calificada, con un reconocimiento de su profesionalización a nivel social no es suficiente.
Las instancias de procuración de justicia hay que rehacerlas y reestructurarlas desde abajo, desde sus mismas entrañas. Y a esto me voy a referir en algunos momentos más.
Otro de los grandes temas que va a enfrentar este gobierno en relación al Estado de Derecho será la violencia que vivimos. No es menor que yo pueda en este momento compartirles la frase que México está inmerso en la violencia, que somos un país con decenas de miles de personas desaparecidas y que el Estado ha sido incapaz de evitar dichas desapariciones, incapaz también de buscar a las personas y de saber su paradero.
Pero lo más triste es que somos un país en el que desaparece principalmente su juventud.
El tema de la violencia, el tema de la seguridad pública sin duda alguna es uno de los retos más graves y más importantes que tiene en frente el gobierno entrante.
El tema también no es menor, porque por corrupción, por incapacidades, por falta de preparación, tenemos que las autoridades sobre todo a nivel local están en complicidad en muchas ocasiones con el crimen, organizado o no, y de esto también voy a platicarles. Y finalmente, cometen delitos las mismas autoridades, que ya no quedan en delitos cometidos por particulares sino por las propias autoridades.
Es decir, estas desapariciones a las que yo he hecho referencia, serán desapariciones forzadas y tendrán ese calificativo cando sean las mismas autoridades o la participación de algunas de ellas a nivel local o a nivel federal que desaparezcan a estas personas.
Los homicidios que se cometen, que nuestras autoridades actualmente dicen que estamos dentro de los rangos, 25 por cada cien mil habitantes, yo no quisiera compartir esa cifra por varias razones.
En materia de homicidios ya no se denuncian muchos de ellos. La cifra negra podría alcanzar el doble de lo que ha reconocido actualmente este gobierno, y no se denuncian por varias razones, la primera de ellas por las fiscalías, a nivel local y a nivel federal.
La segunda, porque si se denuncia corre el riesgo la propia vida del denunciante y de su familia.
Y la tercera porque hay un sistema de competencias que también me voy a referir, que es un tema muy complicado, en un Estado de Derecho, si queremos caminar hacia ese Estado de Derecho.
El primero de los temas, el sistema de competencias, para después irme a las fiscalías y a los problemas que vamos a enfrentar.
El sistema de competencias en México es todo un tema.
En la Suprema Corte durante más de 20 años lo que resolvimos en materia de controversias constitucionales se refería exclusivamente al tema de competencias.
Y les voy a poner dos ejemplos. Asesinan a una persona y las autoridades locales dicen no puedo conocer del homicidio porque es periodista. Y como es periodista y se atenta contra la libertad de expresión es un tema de competencia federal; pero ahí tienes a la persona que falleció, ahí tienes el entorno, ahí puedes tener la cadena de custodia, ahí tienes las evidencias; sí, pero es periodista y yo no puedo conocer del asunto por ser delito federal, en tanto que atenta contra la libertad de expresión.
Está llegando un cargamento de droga o está saliendo un cargamento de droga del Aeropuerto de la Ciudad de México, ¿y a quién le toca? ¿A la Aduana, al Ejército, a la Procuraduría General de la República que todas estas autoridades están inmersas dentro de esta complicada o complicado sistema de competencias? Pues no. ¿Le toca a Aduanas? No, no le toca a Aduanas. ¿Le toca a la Procuraduría General de la República? No. Le toca a las Fuerzas Armadas, le toca al Ejército que está aquí.
Este es un tema de lo más importante y de lo más difícil de resolver, el sistema competencial en nuestro país. Porque si queremos vivir en un sistema y en un estado de derecho tenemos que determinar con toda claridad y precisión a qué autoridad le toca qué, y que se responsabilice de las atribuciones y de las facultades y de su actuación como autoridad local, municipal, federal o dentro de la propia administración pública de las diversas competencias, de las diversas Secretarías o de los órganos constitucionales autónomos, y el tema entonces es competencial. Y es un tema muy delicado y es un tema en el que tenemos que avanzar rápidamente.
El segundo de los temas a los que yo me he referido para resolver o por tratar de avanzar en estos temas de corrupción, de violencia, de desapariciones, de homicidios, de trata, de violaciones, de feminicidios y un largo etcétera, es el tema de la impunidad.
Y en este tema de la impunidad hay dos temas importantísimos: la procuración de justicia y la impartición de justicia.
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como todos sabes, ha sido implementado y entró en vigor a partir del verano del 2016, sin embargo, muchos gobiernos, sobre todo de las entidades federativas, no fue sino hasta los últimos meses que tuvieron oportunidad de implementarlo cuando, con toda velocidad y con toda prisa y sin ninguna capacitación implementaron el Sistema Penal Acusatorio en los diversos estados antes del verano del 2016.
Y qué pasó.
No se capacitaron adecuadamente, por lo menos tuvieron algo de capacitación los Jueces, eso sí tengo que decirlo, pero ninguno de los otros actores de los juicios penales orales fueron realmente capacitados.
Veamos a las fiscalías. La Fiscalía General y ahora las fiscalías de las entidades federativas, sí, fiscales muy autónomos, pero y dónde están las capacitaciones de los fiscales que van a acudir a los juicios penales orales. No se tienen esas capacitaciones, no se tiene esa profesionalización. Es más, ni siquiera se sabe cómo argumentar oralmente en los juicios. ¿Se tiene policía científica, se tienen carreras de investigación forense para poder acreditar todos los elementos del delito en una causa penal en un juicio de esta naturaleza, del Sistema Penal Acusatorio?
La respuesta es no.
No es que el sistema esté fallando.
Es que lo que está fallando es precisamente la implementación de este sistema.
Desde la Secretaría de Gobernación pensamos, que con un presupuesto adecuado y en colaboración y en coordinación con los diversos estados de la República podemos avanzar en el Sistema de Procuración de Justicia.
El clamor popular es “justicia”. Justicia desde el punto de vista de que quien cometa un delito, exista la autoridad que lo sancione y que compurgue su actividad delincuencial, pero no existen las instituciones, la fortaleza en estas instituciones para poder llevar a cabo esta respuesta del Estado a estas personas que claman justicia y también, justicia social, pero justicia al fin y al cabo.
Pensamos que desde la Secretaría de Gobernación podemos seguir implementando el Sistema Penal Acusatorio que, en nuestra opinión, quedó a la mitad, no quedó totalmente implementado.
Queremos atender a estas Procuradurías para llamarlas Fiscalías a todos los niveles, y estas fiscalías cuyos titulares deben estar certificados, deben tener un grado de profesionalización razonable, una actuación en los juicios, que no quepa duda que son personas capacitadas para llevarlos, pero, sobre todo, incorruptibles. El tema de las Procuradurías lamentablemente es un tema también de corrupción.
También pensamos descentralizar estas fiscalías y hacer una especie de fiscalía de proximidad. Hay delitos que se cometen en poblaciones muy remotas y para hacer una denuncia penal de estas comisiones, de estos delitos, hay que transportarse a veces hasta dos o tres horas para llegar a la próxima fiscalía y denunciar.
Las fiscalías por otra parte están rebasadas, algunas de ellas, me han dicho los colectivos de madres que buscan a sus hijos, ni siquiera están levantando las denuncias penales de desapariciones porque están absolutamente rebasadas.
Los SEMEFOS no tienen capacidad tampoco para recibir los cuerpos, no hay manera de identificarlos.
Hay que hacer políticas públicas de gran envergadura en materia de procuración de justicia, de fiscalías.
También pensamos que las fiscalías resuelven asuntos que no deberían estar resolviendo, hoy en día es costumbre que cualquier acreedor que pretenda cobrarle la deuda a su deudor más que ir a un juicio de carácter civil o mercantil intenta hacerlo por la vía penal para cobrar rápidamente su deuda y tratar de adecuar el tipo penal a un abuso de confianza, a un fraude o cualquier otro delito patrimonial para poder obtener su crédito rápidamente.
Esto no lo debería estar conociendo el Ministerio Público.
Asuntos familiares de sustracción de menores entre una pareja o unos esposos, por ejemplo, gente que se ha divorciado y que se lleva a un niño una semana a un viaje y que también van al Ministerio Público a una denuncia de carácter de sustracción de menores o alguna situación de esta manera o de alimentos inclusive, no debería estarlo conociendo el Ministerio Público.
El 80 por ciento de las causas penales que se denuncian ante la fiscalía, son causas penales que no deberían de ser penales, que deberían de resolverse en vías alternativas de solución de controversias, como por ejemplo este tipo de causas familiares o de causas patrimoniales, y que a través de o juicios mercantiles o familiares o medios alternativas de solución de controversias estarían y deberían de estarse resolviendo.
Las fiscalías deberían quedarse con los delitos de alto impacto. El 20 por ciento de las causas que se denuncian en las procuradurías son las únicas que deberían estar conociendo los fiscales.
¿Y por qué es esto? Porque a través de números los fiscales acreditan su eficiencia y su eficacia y, por supuesto, los delitos que deben investigar no son investigados.
¿Qué queremos para las fiscalías? No solamente fiscales autónomos, queremos que toda la estructura de la Procuraduría y todas las fiscalías, es decir, que se les denomine a todos como fiscales, fiscales de proximidad, fiscales especializados, fiscales para, por ejemplo, delitos en contra de periodistas o violencia en contra de las mujeres, pero todos se denomine fiscales, y todos asuman la responsabilidad con una capacitación y una profesionalización y una certificación que debe de ser.
Para que no haya corrupción entre otras cosas, una auténtica buena y decorosa remuneración que no tienen.
Esto es uno de los programas que tenemos para dar una respuesta a la sociedad en materia de procuración. En materia de impartición de justicia, quiero compartirles que es más fácil darles una solución y una alternativa a la población. Nosotros pensamos, yo estuve 25 años en el Poder Judicial que cuando menos con las cuatro garantías institucionales podemos tener un sistema de impartición de justicia, si no de excelencia, cuando menos un sistema adecuado.
Las cuatro garantías institucionales que estoy proponiendo en todas las entidades federativas son:
Una, un porcentaje fijo del presupuesto de egresos de cada una de las entidades federativas para el Poder Judicial.
Esto significa que el Poder Judicial no tenga que estar cabildeando año con año su presupuesto. Esto significa que los gobernadores no tengan del cuello a los Poderes Judiciales.
No estoy para contárselos, pero varias de las controversias que se resolvieron en la Suprema Corte fueron de los Poderes Judiciales porque no les dieron su presupuesto y no tenían para pagar la nómina de jueces y magistrados y del personal.
Esta independencia presupuestal o esta autonomía presupuestal creo que sería un gran paso para los tribunales, pero no me quedo ahí. Creo que debemos fomentar y debemos respetar la carrera judicial. No tienen ustedes idea de lo improvisado que llegan en muchas ocasiones los jueces y los magistrados a los tribunales, sin ninguna experiencia previa, sin ninguna carrera judicial, sin ninguna profesionalización, sin ninguna capacitación. No podemos seguir permitiendo, y perdonen la expresión, que el amigo, compadre o cercano al gobernador siga ocupando las titularidades de los juzgados y de los tribunales.
Tenemos que tener una carrera judicial y tenemos que arribar a ser titulares de estos juzgados o tribunales a través de exámenes de oposición sumamente rigurosos, transparentes y objetivos.
Otro de los grandes temas para el Poder Judicial es la inamovilidad. Hoy tenemos, no quiero dar nombres, una entidad federativa en que, según esto, jubiló anticipadamente a más de la mitad de sus magistrados; claro, es una administración que va de salida y que pretendía nombrar a sus magistrados antes de dejar la gubernatura.
Esto no puede seguir siendo. La inamovilidad es una de las garantías más importantes de los juzgadores para avanzar en un auténtico sistema de impartición de justicia: carrera judicial, exámenes, autonomía presupuestal, inamovilidad y otro tema que es muy importante, un haber de retiro para jueces y magistrados después de haber estado en los Poderes Judiciales a veces por más de 30 o 35 años.
Todas estas garantías institucionales protegen al Poder Judicial de embates externos, de influyentismo, de cooptarlos, de que si no resuelven de una manera u otra, estará en riesgo su posición, su titularidad, y no podemos continuar así.
Y respecto a las fiscalías también, si no una inamovilidad, sí cuando menos la seguridad en el cargo de los fiscales, la seguridad en el cargo de los policías.
Tenemos un tema constitucional que ha sido gravísimo. Puede haber despidos sin justificación de nuestra policía, lo cual implica y ha traído como consecuencia en lugar, esto lo hicieron los constituyentes para poder tener una profesionalización en las policías, pero lo único que hicieron es que fue, digamos, totalmente una especie de boomerang, porque como los policías no tienen ninguna seguridad en su encargo, en la policía, pues entonces la corrupción está a la orden del día, la falta de profesionalización está a la orden del día.
Yo promovería una reforma constitucional en ese sentido. En que sí se les dé estabilidad en el cargo, tanto a los fiscales como a la policía, precisamente para que asuman su responsabilidad en esta estructura que pensamos que puede avanzar para darle respuesta a la población en materia de impartición y procuración de justicia.
Tenemos que tener una policía científica, también. Estamos proponiendo, como ustedes han escuchado al candidato y hoy Presidente electo, un mando único que me parece importantísimo tener un mando único en la policía, para qué, pues para que se asuman las responsabilidades y para que se tenga esta policía altamente calificada, una Escuela Nacional de Policía y que se avance en estos sentidos.
Desde luego, tenemos un amplio andamiaje jurídico, se requiere desde luego, voluntad política para echar a andar toda esta normativa; se requiere combatir frontalmente a la corrupción; se requiere combatir frontalmente al crimen que, quiero decirles también que aquí también hay una situación interesante que quiero compartirles, una cosa es el crimen y otra cosa es el crimen organizado.
El crimen organizado es trasnacional. Pensamos que tenemos que tener una colaboración y una cooperación regional, regional para hacer un frente común en relación al crimen organizado. El crimen organizado, por demás, traspasa fronteras.
¿Cómo podernos hacer cargo de un crimen organizado que lava dinero en nuestro País por más de 25 mil millones de dólares; que lava dinero en Estados Unidos por más de 25 mil millones de dólares; que tiene rutas muy claras, desde Sudamérica hasta Estados Unidos, de droga?
México únicamente puede confiscar básicamente entre el 3 y el 8 por ciento de la droga que pasa por nuestro país; después, obviamente, todos los muertos que deja en el camino. El Salvador, por ejemplo, tiene una población que tiene homicidios de alrededor de 120 homicidios por cada 100 mil habitantes, enorme, precisamente por el tránsito y el trasiego de la droga que llega a los Estados Unidos.
Y en Estados Unidos también no llegan a confiscar, igual que nuestro País, más del 3 al 8 por ciento.
Hay un tema de carácter internacional muy delicado. ¿Una nueva relación con los Estados Unidos? Sí. ¿Un combate a este tipo de delincuencia regional de una cooperación regional? La respuesta es sí.
Un tema en nuestra relación con los norteamericanos, o dos temas: uno de ellos, el tema de las armas; otro, el tema de la demanda de drogas. Son dos temas que debemos estar replanteándonos.
Tenemos tratados internacionales desde 1970 sumamente rígidos en materia de combate a las drogas. Yo creo que es hora y momento de replantearnos una reinterpretación, cuando menos, de estos tratados internacionales. Son tratados punitivos en materia de droga, sumamente rígidos.
Nosotros queremos plantearle a Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país.
Estamos pensando también en que podríamos convocar a una conferencia internacional para hacernos cargo también de esta despenalización y de este combate al crimen organizado.
Es interesantísimo cómo cuando básicamente descabezaron a Colombia en sus cárteles, pero que sigue obviamente produciendo droga, cómo se empoderaron los capos mexicanos.
Es todo un tema de análisis de política pública, de política internacional y obviamente de política penal.
Necesitamos, entonces, tener un diagnostico claro, un diagnóstico claro de cómo vamos, primero, a avanzar en la pacificación del país, porque sin duda alguna, créanme que el objetivo más claro de este gobierno entrante es una nueva estrategia de seguridad para la paz.
Tenemos los foros de pacificación, tenemos las consultas, tenemos también un proyecto, como ustedes saben, de una Ley de Amnistía, pero quiero decirles que, si logramos, por ejemplo, una política diferente, una nueva estrategia de manera distinta del problema de la droga, podemos resolver en gran parte esta situación de la Ley de Amnistía.
Quedarán algunos reductos, sí, pero podemos avanzar en el tema. Cuál es en realidad aquellos jóvenes que están ahorita privados de su libertad, muchos de ellos están privados de su libertad únicamente por posesión de droga, algunos por posesión de mariguana, única y exclusivamente, y también son nuestros jóvenes los que están, principalmente ellos, la mayoría son los que están en prisión.
En materia, por ejemplo, y perdón la expresión pero este es el léxico que se utiliza en el crimen, el tema de las mulas, el tema de las mujeres que están privadas de su libertad precisamente por el trasiego de la droga, una mochila llena de cocaína, mujeres indígenas que muchas veces no hablan ni siquiera español y que se les violentan todos sus derechos en el tema del debido proceso, también quedarían, si se despenaliza o si se tiene esta Ley de Amnistía, considerados como uno de los universos para conceder esa amnistía.
Quiero decirles que no es la única herramienta que tenemos, tenemos muchas herramientas como les estoy compartiendo ahorita, tenemos planteamientos concretos, tenemos planteamientos puntuales para resolver el problema, desde luego que se identifican o que se pretenden identificar en el diagnóstico, en esta nueva estrategia de seguridad para la paz y que incluye varios apartados, pero que sin duda alguna es uno de los grandes temas del gobierno entrante.
Desde luego también el tema de la seguridad pública es uno de los grandes temas.
Y otro tema, ya para terminar, que me gustaría comentar con ustedes: el tema de las Fuerzas Armadas que hoy combaten al crimen.
Pensamos que las Fuerzas Armadas no están desde luego, es más, se está violando el Artículo 21 Constitucional permanentemente que dice que las funciones de seguridad pública estarán única y exclusivamente a cargo de las autoridades civiles.
Pero más allá de esto y más allá de esta coordinación entre gobiernos, entre dependencias, más allá de los conflictos competenciales de qué autoridad es o no responsable y de qué es responsable para así poder eficientar su desempeño y a efecto de poder evaluar posteriormente los resultados en un sistema de rendición de cuentas permanente.
Más allá d esto, el hecho de que las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea continúen desplegándose en actividades de combate al crimen organizado, en tanto que las nuevas instituciones especializadas puedan asumir plenamente sus funciones es sumamente complicado; es sumamente complicado porque las Fuerzas Armadas no están hechas para funciones de seguridad, de seguridad pública.
Ahora ya tenemos seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior, seguridad humana y a ver qué otra cosa de seguridad tenemos, pero el tema está ahí presente; no está, obviamente no es su función actuar ni en la prevención ni en el combate al crimen.
Desgraciadamente es más fácil que las Fuerzas Armadas cometan violaciones a los derechos humanos, y este es uno de los grandes temas que tendremos nosotros en la Secretaría de Gobernación.
Nuestro eje central, nuestra prioridad va a ser la Defensa de los Derechos Humanos en todos los ámbitos, en todos, la no violación de derechos humanos. No queremos simulaciones en materia de derechos humanos.
Queremos visibilizar los temas, queremos ponerlo sobre la mesa, que si tenemos muertos, que si tenemos desaparecidos no ocultar cifras, ahí están, avanzar con la sociedad civil para poder resolver el tema, pero mientras no podamos resolver todos estos temas que yo he comentado, no podemos vivir en un Estado de Derecho.
No hay Estado de Derecho si no se atienden puntualmente estos temas, si no se avanza en el combate a la delincuencia, si no se avanza en el combate a la corrupción, si no se da una respuesta a la impunidad.
Y finalmente, concluir. Qué política pública o cuál va a ser el tema de la estrategia que vamos a tener de seguridad, va a ser una nueva dimensión, una nueva estrategia, queremos ir retirando lentamente a las Fuerzas Armadas, queremos sustituirlas por una policía eficiente, eficaz, profesionalizada, y desde luego, nuestra estrategia es reducir la inseguridad, y al final del día, la pacificación del país y que este país vuelva, vuelva y lo subrayo, vuelva a un Estado de Derecho, a un Estado constitucional, social, de derecho que hoy, y perdónenme, está cuestionado.
Muchas gracias.
– MODERADOR: Muchísimas gracias a la doctora Olga Sánchez Cordero, la próxima Secretaria de Gobernación del Gobierno federal.
Invitamos al licenciado Carlos Hank González y al actuario Marco Ramírez Miguel, que pasen a entregarle un reconocimiento.
Fuerte el aplauso para la doctora Olga Sánchez Cordero y le pedimos al señor Presidente del Consejo de Administración, al licenciado Carlos Hank González que nos acompañe al pódium, para dirigirnos un mensaje de clausura de este Foro Estrategia Banorte 2018.
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